Ajuste de Cuentos
Ángel Solís
La detención de la doctora Encarnación Asunción Jiménez, directora de la Clínica del Niño y Adolescente con Cáncer dependiente del Hospital General de Chetumal, desnuda cómo la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones e integra los expedientes en la búsqueda de reflectores, y ante la falta de resultados contra de la delincuencia opta por detener a una mujer que ha entregado su vida a ayudar a niños con esta enfermedad a menudo mortal.
Quienes han padecido o sufren por cáncer saben el sufrimiento causado por esta enfermedad y más cuando se trata de niños. En el caso de esta doctora, lleva más de 17 años ayudando no sólo a estos infantes a salir adelante, sino también a sus familiares a conseguir los costosos medicamentos, ante la falta de los mismos en el sector salud del estado.
Este viernes por medio de un boletín la Fiscalía General del Estado, como si se tratara de unos peligrosos narcotraficantes o asesinos seriales, dio a conocer la detención de Asunción “N” y de Hipolito “N” por el supuesto delito de robo en perjuicio de la Salud Pública en la ciudad de Chetumal, agregando en dicho informe que las mencionadas personas fueron trasladadas al Cereso capitalino para su proceso.
El delito por el que se acusa a la doctora y al administrativo de ese hospital es por el extravío de unos medicamentos para tratamiento de una menor con leucemia, con valor de al menos 600 mil pesos y ocurrido el 27 de julio pasado.
Lo lamentable de esta acusación es que no existe robo como tal y el medicamento extraviado fue donado por otro estado, gestionado por la misma doctora que hoy se encuentra presa. Y nunca hubo una investigación como tal, ya que dicho medicamento en ningún momento fue comprado por recurso público del estado como para considerarse como un robo al erario.
La doctora Encarnación es una mujer sobreviviente al cáncer, por lo cual es nada creíble que ella se preste a hacer negocios con medicamentos para pacientes menores de edad que ella misma atiende, porque apoya y acompaña en el sufrimiento a sus familias en cada terapia a la que acuden.
Tener encarcelada a esta profesional de la salud desnuda la frialdad con la que actúan funcionarios de este gobierno de la 4T, condenando a más de 150 infantes que acuden a sus tratamientos programados. Un día que no reciban tratamiento puede llegar a ser mortal para estos niños y jovencitos.
El problema de Fiscalía radica en que Raciel López Salazar no puede estar despachando desde el estado de Chiapas, ya que tiene que estar en sus oficinas, supervisando el trabajo de sus colaboradores y dando resultados a la confianza que le otorgó la gobernadora Mara Lezama, pero encarcelando gente que ha entregado su vida para salvar otras no solucionará los serios problemas en materia de violencia que vive Quintana Roo.
Reprochable que a la doctora le den la espalda el encargado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe Nieto Bastida, la titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer, María Hadad Castillo, el titular de la Secretaría de Salud, Flavio Carlos Rosado, y el líder sindical de SESA, Barbaciano Sansores Mata, entre muchos otros que son muy buenos para tomarse fotos en los eventos contra la violencia y ponerse una playera naranja.
En la Secretaría de Salud no es la primera vez que se extravía algo; hace unos años desaparecieron más de 200 mil pesos en vales de combustibles, pero no por ello encarcelaron a la entonces directora administrativa, Arlet Mólgora Glover.
Y más recientemente en el gobierno de Carlos Joaquín, militares en el sur del estado aseguraron una camioneta con 200 kilos de droga, pero tampoco en este caso procesaron a la que fue titular de Salud en el estado, Alejandra Aguirre Crespo.
Quintana Roo no es Chiapas, donde son muy comunes las violaciones a los derechos humanos y la fabricación de culpables. El Fiscal general Raciel López Salazar y el Secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, tienen que dar resultados; ya es tiempo que los quintanarroenses se los exijan.
