Ajuste de Cuentos
Ángel Solís
Durante las administraciones municipales de Cristina Torres Gómez y Laura Beristain Navarrete en Solidaridad (Playa del Carmen), no solo se asentaron diversos cárteles de la delincuencia organizada, sino que diversificaron sus “actividades”, pasando de la simple venta de drogas a la extorsión, préstamos gota a gota, secuestros express y el temido cobro por derecho de piso, entre muchas otras cosas más, por la apatía de estas dos mujeres para enfrentar y detener de raíz estos actos criminales cuando aún estaban en desarrollo controlable.
Y es que esta semana a través de las redes sociales se vitalizaron unos comentarios del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien adopta la posición de vocero de la delincuencia leyendo el contenido de una supuesta narcomanta en contra de la actual presidenta playense, Lili Campos Miranda, y de su secretario de Seguridad Pública, Raúl Tassinari González, acusándolos de ser cómplices en la violencia que existe en ese destino turístico del estado.
El detalle es que el Ingeniero Villanueva lleva más de 20 años preso en diversos centros penitenciarios del país y de Estados Unidos, acusado en su momento por narcotráfico y de trece delitos más, todos vinculados con la delincuencia organizada, por lo cual no conoce realmente quiénes dejaron crecer la delincuencia y cómo esta se fue “diversificando“ en el municipio cuya paternidad corresponde al chetumaleño Mario Villanueva, al inicio de su mandato.
Vamos por partes: hoy la violencia y la delincuencia no perdona a nadie en Playa del Carmen, porque todo tipo de comercio de cualquier giro y tamaño, o incluso personas que realicen una actividad que genere un ingreso, están expuestas a ser extorsionadas, agredidas y en el último de los casos, cruelmente asesinadas para sembrar temor entre las demás personas para que cumplan con su pago de piso.
Propietarios de talleres de motocicletas, vehículos, lavaderos de autos, taquerías, restaurantes, vendedores ambulantes (de todo tipo) y hasta sexoservidoras tienen que cumplir con una cuota semanal que les imponen los grupos delincuenciales, a cambio de “protección” para ellos y sus familiares.
Pero toda esta pesadilla que sufren cotidianamente los playenses tuvo un inicio y se manifestó con fuerza durante el gobierno de la joaquinista Cristina Torres Gómez (2016-2018), quien bajo los colores del PAN-PRD por el efecto Carlos Joaquín González y el rechazo ciudadano al PRI llegó al poder y detrás de ella llegaron diversos grupos que hoy mantienen sembrado el miedo entre empresarios y ciudadanos, por las amenazas y ataques que ocurren diariamente.
Solo basta recordar la masacre del 18 de enero de 2017 durante un Festival de Música Electrónica (BPM) en el Blue Parrot de Playa del Carmen, donde se reportaron de manera oficial media docena de turistas extranjeros asesinados y más de 15 heridos, en pleno corazón de la 5ta Avenida.
Este sanguinario ataque hizo cambiar las cosas para siempre, ya que tan solo ese año se reportaron 49 homicidios dolosos en el municipio de Solidaridad y para el 2018 este tuvo un aumento de más de 120 por ciento, llegando a 110 asesinados en este destino de sol y playa de la Riviera Maya.
En lo que concierne a la administración de la polémica morenista Laura Beristain Navarrete, su gobierno fue un rotundo caos y fue exhibida públicamente, incluso en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador por utilizar a personas muertas para crear empresas fantasmas para adjudicarles millonarios contratos de obras. El ex alcalde playense y hoy regidor, Marciano Toledo Sánchez, la acusó de haber desviado más de 3 mil millones de pesos.
Negocios fantasmales como la empresa Xoanxum S.A. de C.V y la Constructora DIQSA S. A. de C. V., contratadas para la rehabilitación y mejoramiento de la Quinta Avenida y les adjudicaron más de 100 millones de pesos, pese a no contar con activos (maquinaria y equipo), personal, infraestructura y ni siquiera oficinas, las cuales están bajo investigación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) del gobierno federal.
En cuestión de delitos de alto impacto, de 2018 a 2021 que duró el gobierno morenista, la inseguridad rompió récords, reportándose de manera oficial 412 ejecuciones en esos tres años de administración, superando las cifras de gobiernos municipales anteriores y estableciendo desde esa administración municipal, de manera más abierta, el cobro de derecho de piso y los ataques contra comercios y empresarios para que cumplan con el pago criminal.
Lo más lamentable de todo esto es que hoy esas dos mujeres que están en la búsqueda de retornar a la silla municipal por el partido Morena, a la joaquinista Cristina Torres Gómez se le atribuye la maternidad de los parquímetros en el centro de Playa del Carmen y obsesionada por seguir en el poder va por su tercer intento, luego de perder la reelección en 2018 ante Laura Beristain y la interna de Morena en el 2021, donde sin pudor alguno se despojó de su camiseta azul panista para enfundarse la de Morena, partido que la dejó plantada.
Y de Laura Beristaín, esta tóxica mujer acostumbrada a los gritos, mentadas de madre y aporrear las mesas, ha corrido con mucha suerte, porque la relación de amistad su hermana con el ex corcholata presidencial Marcelo Ebrard Casaubón le permite continuar viviendo fuera del Cereso pese al descarado y comprobado robo que realizó al erario.
Durante más de 20 años el ex gobernador Mario Villanueva se ha declarado víctima de políticos poderosos del país, como el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, asegurando ser inocente de todos los delitos que se le imputan. Son muchos años preso y en su mayor parte lejos del estado, pero cuando cumpla su palabra el presidente López Obrador tendrá tiempo para conocer quiénes realmente hundieron a Quintana Roo.
