Ajuste de Cuentos
Ángel Solís
¿Qué necesidad había de generarle problemas sociales al gobierno de Mara Lezama con la imposición de chalecos y cascos rotulados para los más de 150 mil motociclistas que circulan en todo el estado?, medida recaudatoria que no es nueva, ya que en el gobierno de Carlos Joaquín el nefasto titular de Seguridad Pública estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, trató de imponer esta fallida estrategia utilizada en Colombia en la década de los 80´s para recaudar más de 500 millones de pesos.
Y es que pese a este sexenio, donde la 4T recurrió a las consultas públicas para legitimar las ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y ahora la reforma al Poder Judicial, en Quintana Roo al puro estilo de los albazos del moribundo PRI, los diputados integrantes de la XVII Legislatura en sesión extraordinaria y sin socializarlo impusieron la portación de un chaleco reflejante y casco reglamentario, con el número de placas grabado de manera visible.
Dicha medida que nuestros “representantes del pueblo” pretenden vender como la gran solución a los problemas de inseguridad que padece todo el estado dominado por el narcotráfico, no es algo nuevo, ya que nació en Colombia en el siglo pasado, donde fue un fracaso ante lo fácil que es clonar estos artículos; de igual forma se utilizó en otros países como Brasil y El Salvador, sin resultados que valieran la pena mencionar.
En el Congreso local las eminencias que cobran como legisladores no solo criminalizan con esto a las personas que circulen por necesidad o por diversión en vehículos de dos ruedas, porque también violentan la Constitución del país al discriminar a este sector de la población que usa este medio de transporte para trasladarse a sus lugares de trabajo y sus hogares.
En Quintana Roo no existen las condiciones para garantizar que el chaleco y casco numerado con las placas de las motocicletas no sea clonado por los integrantes de la delincuencia organizada para llevar a cabo desde robos hasta ejecuciones, sobre todo porque los robos de motocicletas son cosa de todos los días, desde Chetumal hasta Cancún.
Esta dictatorial medida aprobada por los diputados de los partidos Verde, Morena y PT responsabiliza al propietario de estas unidades de los delitos que ocurran con el solo hecho de que su número de placas esté involucrado en algún delito.
El cuento de que el chaleco reflejado numerado será entregado de manera “gratuita” por el estado es puro atole con el dedo, porque es bien sabido que cualquier aumento de precios o nuevos impuestos siempre es absorbido por los ciudadanos, por lo que el precio se incluiría en la renovación de las tarjetas de circulación o en los cambios de placas que hace el estado.
Esta fallida estrategia de seguridad que pretenden imponer en Quintana Roo solo servirá para incrementar los actos de corrupción de las policías municipales, quienes con cualquier pretexto instalan retenes en cualquier punto para recaudar la cuota diaria que les imponen sus mandos, además de hacer millonarios a los dueños de las grúas por el pago de traslado a los corralones de dichas unidades, más los días de estancia.
El gobierno del estado que preside Mara Lezama tiene que buscar otras medidas para combatir la inseguridad y la delincuencia; la mandataria no puede permitir que los integrantes del Congreso criminalicen a un sector de la población por la falta de capacidad para adquirir un carro o camioneta para trasladarse.
Las ejecuciones y robos que a diario ocurren por docenas en todo el estado no se van a terminar con portar chalecos reflejantes y cascos numerados, ya desde su nacimiento esta “estrategia” se vislumbra como el negocio millonario de quienes hoy toman las decisiones en el estado.
